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jueves, 27 de octubre de 2016

Pena de Muerte en Guatemala ¿Sí o no? / Ensayo

LA PENA DE MUERTE EN GUATEMALA, ¿SÍ O NO?
Hablar de abolir la pena de muerte en un país tan retrógrada y decreciente como éste, es como tratar de educar a un gato.
La pena de muerte surge desde el inicio de la humanidad, los sumerios ya tenían este método de castigo, le prosiguen en la edad media, los actos de civilizaciones mayas y otras, continuando hasta nuestros días, la “edad contemporánea, edad del raciocinio”; cuando un 6 de agosto de 1890 es ejecutado un hombre por una descarga eléctrica inconcebible a la razón, sí, edad del entendimiento.
A partir de estos actos, se hizo más popular el hecho de acortarle la existencia a los delincuentes en teoría más peligrosos, cada padre Estado jugó a ser Dios en sus distintos continentes, realizando muertes de humanos tan inhumanas, como cortar a una persona desde los genitales hasta la cabeza, sí, eso no debe ser tan doloroso. Además, existían la crucifixión, la lapidación (aún vigente), el fusilamiento, los mil cortes, en fin, el Estado podía matar de la manera más sangrienta y desinteresada posible.
Sigamos recorriendo el mundo, en Japón, por mencionar algunos, se ejecutaba a una persona en secreto, nadie tenía derecho a saber la hora ni día de su final; en ocasiones, eso nunca ocurría, un hombre de nombre Sadamichi Hirasawa, esperó su muerte durante 32 años, cosa que nunca pasó, se limitó a morir por causas naturales; y así algunos pasaban incluso 7 años en el corredor de la muerte generando suficiente angustia para no vivir tranquilo. Corea del Norte ha tocado extremos con esta medida, ejecutando a un ser humano únicamente por realizar una llamada telefónica al extranjero. Pero debemos admitir que nadie es mejor que la República Popular de China para realizar ejecuciones, privando de vida a más del 50% del total de asesinados por el personaje Estado en todo el mundo.
Regresando a Guatemala, la última ejecución realizada fue a dos reos acusados y condenados por el delito de secuestro el 29 de junio del 2000, cuando a través de inyección letal, Luis Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, perdieron la vida por asesinar a Isabel Bonifasi de Botrán. Posterior a ello, el entonces presidente Alfonso Portillo decidió excusarse de utilizar el instrumento del indulto, sin embargo, en 2008 el Congreso de la República aprobó una norma que regulaba el derecho de gracia, misma que fue vetada por el presidente actual, el señor Álvaro Colom, de este modo, la pena de muerte se encuentra en un suspenso.
Más que un suspenso, una especie de guerra fría entre quienes piden una reactivación y quienes desean su abolición. Ya que, los jueces no están sujetos a no condenar a alguna persona por los delitos existentes (parricidio, asesinato, tortura, desaparición forzada y magnicidio (aunque existe un enorme debate sobre qué delitos sí merecen pena de muerte según el Derecho Positivo Vigente)), no existe legislación que les anule tal derecho, es más bien una fuerza interna contraria que reprime sus actos simulando o esperando desaprobaciones populares o gremiales. Es cierto también que los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos restringen su actuar, pero no les prohíben expresa y completamente su derecho a ejecutar tal castigo.
En 2012, 53 reos fueron revocados de pena de muerte por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, qué oportunos.
Actualmente, el partido oficialista, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), a través de su jefe de bancada, Javier Hernández y en alianza con las exdiputadas Zury Ríos y Lucrecia Marroquín exigen a gritos políticos la reactivación de la pena de muerte, ¿qué más se puede esperar de la hija de un ‘carnicero’?, ellos, preparan una Iniciativa de Ley que pondría a funcionar semejante castigo y normar dentro de ella el indulto presidencial, también.
Por otra parte, nos encontramos con Ovidio Monzón y Ronald Arango, del partido político TODOS, quienes en acompañamiento con la Corte Interamericana de Derechos Humamos (CIDH) y otros organismos nacionales e internacionales velan por la abolición (que es lo más sensato y lógico en una sociedad democrática) quienes también preparan una Iniciativa de Ley con suficiente reflexión y atendiendo al Estado de Derecho y al avance ideológico de las minorías que se empeñan en buscar un modo de solución de conflictos que no incurra sangre.
Durante una investigación del periódico nacional, Prensa Libre, se les cuestionaba a algunos legisladores -124 para ser exactos- sobre este tema, los resultados fueron los siguientes: quienes estaban de acuerdo, fueron 70; en desacuerdo, 46; y los que debían ‘analizar’ 8. Posterior se les preguntaba si deseaban reactivarla, respondieron así: 73 la necesitan; 41 la rechazan; 10 no querían conflictos de opiniones.
“Jesús no estuvo de acuerdo con la pena de muerte, para quienes siguen invocando el viejo testamento”, expuso Sandra Morán, del partido político, Convergencia.
“No es correcto que después de haber sufrido un proceso en primera y segunda instancia, y se tenga una sentencia firme y ejecutoria, el presidente pueda dar un indulto. Hay que analizar el procedimiento, porque se está tergiversando”, César Fajardo del partido UNE.
“Retomar la pena de muerte es una manera fácil de decir que el Estado fracasó en el combate de la inseguridad”, Mario Guzmán, partido UNE.
Y las opiniones siguen, quise destacar éstas, porque, ¿necesitamos la pena de muerte? La respuesta está en el nivel educativo de cada uno, si usted estudia poco, anhelará la violencia, si usted es una persona con pleno desarrollo intelectual progresivo, velará por respetar a los demás tal y como usted es respetado sin menoscabo de su poca integridad física, síquica y emocional.

            El decreto número 100-96 regula el Procedimiento Para La Ejecución De La Pena De Muerte, creo que, todo esto es en vano, no podemos permitir un regreso en el tiempo y querer actuar de manera primitiva y hostil, este decreto se une a la legislación que estorba el actuar político administrativo del padre Estado.
            Las señoras Ríos y Marroquín en realidad demuestran no preocuparse por el bienestar social de los más desprotegidos, al igual que la mayoría de la lacra política buscan dejar su nombre como héroes del país acudiendo a proselitismo barato y nefasto, sin pensar claro, que la delincuencia es sinónimo de pobreza y que los afectados serían los pobres, aquellos que no poseen un mínimo de razonamiento, que no conocen un libro, que no conocen ni su propia existencia; y, como en toda guerra coetánea y común, los pobres, ponen los muertos.
            No es apetecible concebir un Estado listo para castigar y rebajarse al nivel del delincuente respondiendo con violencia cuando se le demande, esa no es la respuesta, no podemos crear un Estado castigador que oprima las libertades de las personas. Además, la pena de muerte en ninguna circunstancia disminuye los hechos delictivos en un país, y aplicar este castigo no es más que un pensamiento primitivo y retrógrada sin fundamento en ley y creyendo que somos dioses para quitar la vida (por tocar una parte del conglomerado de cristianos de doble moral en el país), simplemente no imagino una nación con pena de muerte, rozando el estado fallido, despreciando el entendimiento que hemos recibido y dejando atrás nuestros ideales de defender la vida humana, que tanto ha sido proclamada como la mayor libertad del hombre.
            Si los gobernantes quieren violencia, que instauremos una dictadura entonces, así morimos muchos y no pocos, sería un excelente reseteo, yo lo apoyo.
            Estamos obviando el detalle de que, el problema no son los adultos violentos, el problema son los niños sin educación, no tratemos de corregir un problema que su raíz está muy lejos de aplicar una pena semejante, no me es viable concebir un acto tan cruel e inhumano en una sociedad que se cree civilizada.

            

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