Dentro del marco jurídico de la administración pública de
Guatemala se encuentra señalado el delito de enriquecimiento ilícito,
el cual indica que todo funcionario
público posea incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas, derivado
del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia
lícita, su prisión será de cinco a diez años, multa de cincuenta mil a
quinientos mil quetzales e inhabilitación especial, parece atractivo este
artículo aunque pasa desapercibido en nuestro sistema de justicia, la pregunta
es, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no castiga la pluralidad del delito
de corrupción? Pues la verdad es que más allá de que los políticos
guatemaltecos han sido ingeniosos en el manejo de sus actos ilegales sumado a
esto el hecho de que la población observa los delitos casi In fraganti pero no posee la cultura de la denuncia.
La falta de transparencia en el país es como la drogadicción
en la juventud, porque, se sabe que causa un enorme daño pero el adolescente
aun así necesita tales sustancias para vivir, la corrupción no es tan distinta,
debido a que la ciudadanía en sus mayorías
les gusta el dolor que se siente al saber que el territorio en que viven está
siendo carcomido poco a poco por el abuso de poder, limitando así sus
posibilidades de desarrollo.
Este informe trató, conjuntamente informar, divulgar pero
por sobre todo crear conciencia de la gravedad del caso, tratar de persuadir
sobre qué necesita el país para abandonar, erradicar o por lo menos, minimizar
esta aflicción nacional.
1.
TÉRMINOS
GENERALES DE LA POLITOLOGÍA, LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y LA TRANSPARENCIA
En el campo del Derecho se
encuentra la relación con la ciencia política, la politología o las doctrinas
políticas, el término no es tan relevante. Por lo tanto es necesaria la
comprensión y el manejo de estos temas. Y como no podemos iniciar si no es por
el principio, y el principio de esto no es más que conocer o poseer la noción
general de lo que es en sí la corrupción política, la transparencia, la ciencia
política, entre otras.
1.1 Ciencia Política
La ciencia política o politología[1] es
definida como la ciencia que estudia la teoría y práctica de la política, los
sistemas y comportamientos políticos. Su objetivo es establecer, a partir de la
observación de hechos de la realidad política, principios generales acerca de
su funcionamiento.
Su objetivo es establecer, a partir de la observación de
hechos de la realidad política, principios generales acerca de su
funcionamiento
Sus orígenes se atribuyen al siglo XV con Nicolás
Maquiavelo, el cual es considerado uno de los padres de la ciencia política, entre
los teóricos y filósofos más reconocidos
encontramos a Aristóteles, Platón, Cicerón, Maquiavelo,Hobbes, Rousseau, entre
otros.
1.1.1
Campos
de investigación
Los principales campos de investigación, práctica y análisis
de la politología son:
·
El poder político y las características de su
obtención y su ejercicio.
·
La autoridad y su legitimidad.
·
El Estado.
·
La Administración Pública
·
Las políticas públicas.
·
El comportamiento político.
·
La opinión pública y la comunicación política.
·
Las relaciones internacionales.
1.2 Corrupción Política
Definida como la práctica
consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en
provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.[2]
El término contrario a corrupción política es transparencia.
Y es por esto que se habla del nivel de
corrupción o de transparencia de un Estado.
Todos los tipos de gobierno son susceptibles de corrupción
política. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso
ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de drogas, el patrocinio, y
también los sobornos, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la
prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la
impunidad, y el despotismo. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos
criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, y la prostitución ilegal;
aunque no se restringe a estos crímenes organizados, y no siempre apoya o
protege otros crímenes.
Una situación de corrupción política sin restricciones se
conoce como cleptocracia, término que significa literalmente "gobierno por
ladrones".
1.2.1
Elementos
Este fenómeno conlleva los
siguientes compontes que suelen ser los más comunes:
·
El uso indebido del poder
·
Beneficio irregular (no restringido al ámbito
económico)
·
Consecuencias multidimensionales
1.2.2
Tipos
Según uno de los mejores
presidentes de América, Pepe Mujica, acepta dos tipos de corrupción:
·
La gran corrupción: que genera la
desconfianza en las autoridades centrales, pervierte el funcionamiento del
aparato estatal, y desvía recursos.
·
La pequeña corrupción: que tiende a
movilizar pequeños montos de recursos económicos u otros bienes, y que se ubica
en el escenario procedimental de atención al ciudadano.
1.2.3
Causas
Los motivos pueden ser de carácter endógeno o interno, y
exógeno o externo:
1.2.3.1
Causas
endógenas
Son las que se relacionan con el
individuo:
·
Carencia de una conciencia social.
·
Falta de educación o de una cultura del
compromiso.
·
Paradigmas distorsionados y negativos.
·
Personalidades antisociales y megalomanía.
·
Percepción sesgada del grado de corrupción
presente.
·
Infravaloración de la posibilidad de ser
descubierto.
1.2.3.2
Causas
exógenas
Son las que dependen de la
sociedad:
·
Impunidad efectiva en los actos de corrupción.
·
Corporativismo partidista.
·
Modelos sociales que transmiten una falta de
valores, realizando una carencia de estos.
·
Excesivo poder discrecional del funcionario
público.
·
Concentración de poderes y de decisión en
ciertas actividades del gobierno.
·
Discrecionalidad y escasez de decisiones
colegiadas.
·
Soborno internacional.
·
Control económico o legal sobre los medios de
comunicación que impiden se expongan a la luz pública los casos de corrupción.
·
Salarios demasiado bajos.
·
Falta de transparencia en la información
concerniente a la utilización de los fondos públicos y de los procesos de
decisión.
·
Poca eficiencia de la administración pública.
·
Extrema complejidad del sistema.
1.2.4
Efectos
Son las repercusiones que alcanza
la corrupción política, esta, puede extenderse lo suficientemente como para
alterar todo un país, o bien, afectar únicamente un territorio, la mayoría de
veces depende de la gravedad del caso.
1.2.4.1
En
política, en la administración e instituciones
La corrupción dificulta que un
país mejore en su economía, ya que evita la competencia y la libre concurrencia
entre proveedores en igualdad. Aumenta la sensación de injusticia y crea
desafección de los ciudadanos a un sistema que pueden llegar a percibir como
contrario o desapegado a los intereses generales. Naturalmente la problemática del
favoritismo aleja a muchas entidades y ciudadanos de condiciones de igualdad
social y que en muchas ocasiones a la sociedad se le priva de derechos y
educación. Además supone una apropiación de recursos públicos en favor de una
minoría corrupta.
1.2.4.2
Económicos
La corrupción consume el
desarrollo económico ya que genera ineficiencia y distorsiones considerables.
·
En el sector privado: la corrupción incrementa el coste de
los negocios y actividades empresariales ya que a éste hay que sumar el precio
de los propios desembolsos ilícitos, el coste del manejo de las negociaciones
con los cargos públicos, y el riesgo de incumplimiento de los acuerdos o de
detección. Aunque hay quien argumenta que la corrupción reduce los costes al
sortear una posible burocracia excesiva, la disponibilidad de sobornos puede
inducir también a los cargos públicos a inventar nuevas reglas y retrasos. Eliminar
abiertamente las regulaciones costosas y prolongadas es mejor que permitir
encubiertamente que sean sorteadas utilizando sobornos. Allí donde la
corrupción infla el coste de los negocios, también distorsiona el terreno de
juego, blindando a las firmas con conexiones frente a las competidoras,
sustentando, en consecuencia, a empresas ineficientes.
·
En el sector público: la corrupción
genera distorsiones al desviarse inversiones públicas a proyectos de capital en
los que los sobornos y mordidas son más abundantes. Los funcionarios pueden
incrementar la complejidad de los proyectos del sector público para ocultar o
allanar el camino para tales tratos, distorsionando de este modo todavía más la
inversión. La corrupción también hace descender el cumplimiento de las
regulaciones relacionadas con la construcción, el medio ambiente u otras,
reduce la calidad de los servicios e infraestructura gubernamentales e
incrementa las presiones presupuestarias sobre el gobierno.
1.2.4.3
Medioambientales
y sociales
La corrupción facilita la
destrucción medioambiental. Los países corruptos pueden tener formalmente una
legislación destinada a proteger el ambiente, pero no puede ser ejecutada si
los encargados de que se cumpla son fácilmente sobornados. Lo mismo puede
aplicarse para los derechos sociales, la protección laboral, la sindicación y
la prevención del trabajo infantil. La violación de estos derechos legales
permite a los países corruptos ganar una ventaja económica ilegítima en los
mercados internacionales.
1.2.4.4
Políticos
La corrupción produce
desconfianza en los partidos políticos, los dirigentes políticos y la mayor
parte de instituciones públicas. Conduce a mucha gente a adoptar estrategias
menos cooperativas y fomenta la deserción con el objeto de no ser explotado por
personas pertenecientes a redes clientelares corruptas. Como consecuencia de lo
anterior, en muchos países genera abstención y pérdida del interés por la
política, por períodos prolongados. Eso sí ocasionalmente, aparecen movimientos
de protesta que tratan de confrontarse con el poder político, y generan
inestabilidad política y subsiguientemente represión política o policial.
1.2.4.5
Ayuda
Humanitaria
Está en aumento la escala de la
ayuda humanitaria a las regiones pobres e inestables del mundo, pero es muy
vulnerable a la corrupción, siendo la ayuda alimentaria, a la construcción y
otras ayudas valiosas, las que están sometidas a mayor riesgo. La ayuda
alimentaria puede ser desviada de su destino intencional directa y físicamente,
o indirectamente a través de la manipulación de las evaluaciones de
necesidades, registro y distribución, para favorecer a ciertos grupos o
individuos. Del mismo modo, en la construcción y acogida hay numerosas
oportunidades de desviación y beneficio a través de una ejecución de calidad
inferior, mordidas o contratos y favoritismos en la provisión de material de
acogida adecuado. Por ello, aunque las agencias de ayuda humanitaria tratan de
contrarrestar la desviación de la ayuda incluyendo un exceso de la misma, los
recipientes, por su parte, están sobre todo preocupados por su exclusión. El
acceso a la ayuda puede terminar quedando limitado a aquellos con conexiones, a
aquellos que pagan sobornos o que son forzados a proporcionar favores sexuales.
Del mismo modo, quienes son capaces de hacer esto, pueden manipular las
estadísticas para inflar el número de beneficiarios y trasvasar la ayuda
adicional.
1.3 Transparencia
El término ‘transparencia’ es
derivado del latín ‘trans’ (más allá de, a través de) y de ‘parere’ (aparecer,
mostrar o mostrarse).
En sentido figurado, el término transparencia es utilizado
para caracterizar una práctica social guiada por la sinceridad y por la
perfecta o casi perfecta accesibilidad a toda información vinculada, y que
concierne e interesa a la opinión pública, o a un sector de la misma, o incluso
a un solo individuo. O sea, es la preocupación por explicar, por hacer
comprender, por reconocer errores o mala praxis, por abrir archivos y apuntes y
recuerdos, por describir fielmente hechos y circunstancias.
El principal objetivo de la transparencia, es de establecer
una relación de confianza entre quien pide o exige la transparencia y quien la
da, y se opone al concepto de opacidad.
Se refiere al conocimiento profundo y detallado de las
decisiones y resoluciones y reglamentaciones tomadas por las administraciones y
por los poderes del Estado, así como de sus motivaciones y justificaciones, e
incluye la manera en la que se ha hecho la colecta de datos y la manera de
luego usar los mismos, además de proporcionar información sobre los costos
reales de los proyectos y de las actividades, sobre el manejo de los fondos, y
también sobre los peligros y las implicaciones que puedan darse, sobre los
aspectos de seguridad, sobre los mecanismos instituidos de acceso a la
información, y sobre todo otro aspecto relevante.
En síntesis, en la administración pública, la transparencia
funge para prevenir la corrupción y permite al ciudadano conocer el
funcionamiento interno de las instituciones y cómo se manejan los fondos que
éstas reciben.
Para un ciudadano cualquiera, la dificultad radica en saber
si la información que le han proporcionado es realmente sincera, clara,
objetiva, y corresponde a la realidad.
Al ser lo opuesto a la corrupción, esta trata de dar a
conocer lo que ocurre en los altos mandos, es decir, todas las actitudes que
practiquen los funcionarios públicos, el pueblo sea capaz de conocer, para
emitir sus propios juicios, estar enterados de la situación y que no haya nada
que ocultar. En muchos países se utiliza la transparencia en campañas políticas
como barco de navegación, puesto que, existen multitud de personas que esto es
lo que buscan, una transparencia política.
1.3.1
Lucha
contra la corrupción política
La corrupción política es una
realidad mundial; su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez
política de cada país. Por esta misma razón existen entidades nacionales e
internacionales, oficiales y privadas, con la misión de supervisar el nivel de
corrupción administrativa internacional, como es el caso de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y
Transparencia Internacional. Además, la corrupción no es sólo responsabilidad
del sector oficial, del Estado o del Gobierno de turno, sino que incluye muy
especialmente al sector privado, en cuyo caso se puede hablar de corrupción
empresarial o de tráfico de influencias entre el sector privado y el público.
En muchos países, como en los de Latinoamérica, dicho sector tiene una gran
influencia estatal y por lo tanto el nivel de corrupción presente en esos
países tiene mucho que ver con la manera en la que se comporta el sector
privado en conjunto con los sistemas políticos.
La lucha contra la corrupción implica dos enfoques
complementarios: uno concentrado en el combate frente a los actos realizados y
otro concentrado en acciones preventivas.
2. CORRUPCIÓN POLÍTICA EN GUATEMALA
Estamos ante un gobierno sumamente corrupto y un Estado
cooptado por redes criminales, por el capital local y transnacional, y por
elites militares, que en conjunto persiguen sus intereses cupulares, elitistas
y clasistas, y contribuyen determinantemente a la reproducción de las
condiciones de atraso, miseria, explotación y despojo de los recursos públicos.
2.1 Causas de la corrupción política
La sociedad guatemalteca tiene
radicado un sentimiento de decaimiento, ante la creencia que la persona
infractora de la ley, no será sancionada en la forma que corresponde, y peor
aún, si alguno de ellos denunció un ilícito por haber sido testigo del mismo, si
situación se vuelve aún más vulnerable y susceptible de ser objeto de una
represalia.[3]
Según Escalante
Gonzalbo,[4] las causas materiales por las cuales la
corrupción crece dentro del sistema público son las distintas brechas
existentes entre el orden jurídico y el orden social vigente. De las cuales es
necesario mencionar las siguientes:
·
La brecha existente entre las necesidades reales
de control político y las condiciones formales de ejercicio del poder. Un
ejemplo de lo dicho: el conflicto permanente entre los aparatos policíacos y
los sistemas de garantías jurídicas.
·
La brecha existente entre la dinámica del
mercado y la intervención pública. Por ejemplo, funcionarios dedicados al cobro
de impuestos exigen dinero a una multinacional para disminuir la cantidad de
impuestos que debe pagar la empresa.
·
La brecha existente entre el poder social
efectivo y el acceso formal a la influencia política. Un ejemplo sería un
gremio de industriales que entrega sobornos a algunos miembros del Congreso
para que aprueben una ley.
·
La brecha existente entre los recursos de la
administración pública y la dinámica social. Por ejemplo, un funcionario del
Ministerio de Comunicaciones recibe dinero de una empresa para aprobar la
construcción de una carretera.
·
La brecha existente entre la impunidad real y la
responsabilidad formal de los funcionarios públicos. Mediante la red de la
impunidad el infractor de la ley tiene la certeza de contar con una serie de
garantías anómalas que le permitirán su libertad y gozar de inmunidades para
alterar la ley y evadir la justicia.
Los principales
socios de la impunidad, la mayoría de las veces son funcionarios públicos de
alto nivel, quienes tienen el poder y la capacidad institucional de manipular
una situación a su favor o a favor de un tercero. La debilidad institucional
del Estado ha permitido la filtración de redes no deseadas dentro de las
diversas esferas de trabajo de la nación, que han hecho de la corrupción todo
un sistema de trabajo.
La impunidad
representa una violación de los derechos humanos, cierra las posibilidades de
implementar el derecho reparador a las víctimas y limita casi en su totalidad
el principio y deber de ejercer justicia.
2.2 Impacto de la corrupción política
Guatemala es un país cuya democracia de más de veinticinco
años, no representa garantía suficiente para decir que el sistema ha cambiado
en su totalidad. Esto aunado a que durante el ejercicio mismo de la democracia,
en Guatemala no existía un ambiente de paz, el cual hacía que la sociedad se
mantuviese bajo un clima de represión y opresión.
La instauración de la democracia y la firma de la paz en Guatemala son dos eventos que marcan un
cambio en la historia del país, catalogados como motores de esperanza y cambio
social. La instauración democrática en tiempos de paz requerirá de constante
trabajo de la sociedad civil y de los diversos actores políticos que ostenten
el poder de transformación.
Es necesario que ambos grupos trabajen de la mano para
generar condiciones aceptables de vida de la población más pobre, afectada por
problemas graves como lo son la desnutrición, nulo acceso a la salud y mínimo
acceso a la educación. Mientras este
panorama no cambie, y la inversión social se siga desviando hacia arcas de uso
personal, la población no se apropiara del tan anhelado derecho de
participación ciudadana, y la corrupción seguirá incrementándose por la falta
de fiscalización y control.
Los factores que hacen que la corrupción incremente en
momentos de supuesta modernización o cambios dentro de la administración
pública, los cuales los autores Laporta y Álvarez[5]
describen de manera muy clara, son los siguientes:
·
Si la economía del país decide abrir sus puertas
al mercado internacional, la corrupción aumentará debido a que ésta intentará ser un mecanismo
facilitador para la instauración de las nuevas empresas.
·
Si las oportunidades políticas superan a las
económicas o aumentan de manera drástica, habrá más gente dispuesta a entrar en
política para hacer de esta un medio para hacer dinero, lo cual, puede llevar
de la mano al que incremento ilegal del patrimonio personal del político.
·
Cuando el sistema político produce un marcado
desequilibrio entre el protagonismo de los políticos y el recurso excesivo de
medio económicos para darse a conocer, pueda ser que las fuentes de
financiamiento son producto de prácticas corruptas.
Los dos últimos puntos son área de particular interés en el
campo de la lucha contra la corrupción. Debido a que abarca tanto el
financiamiento de los partidos políticos, como el de campañas electorales.
Este tema es un área problemática, pues ha sido considerada
como una puerta de entrada a la corrupción, o incluso un canal a través del
cual se ejercen determinadas formas de captura del Estado, en tanto el
financiamiento privado podría influir en la forma cómo los partidos y/o
candidatos financiados toman decisiones públicas.
Sin embargo, si el Estado invierte como corresponde en los
ciudadanos y propicia los medios para que el individuo cuente con los recursos
necesarios para defender, crecer y desenvolverse dentro de la sociedad, éste
individuo tendrá la capacidad de ejercer sus derechos de participación y
fiscalización. Es decir que podrá elegir de manera más consciente a las
autoridades.
De lo contrario, la población no tendrá interés en lo que
sucede en el país, sino únicamente en los medios de subsistencia personal, que
es una de las consecuencias más crueles de la corrupción, se mantiene a la
población en ignorancia y ajena a la realidad, para mantener frágil y débil al
sistema político del país, propenso a promover dentro del que hacer del Estado
la instauración de un sistema de corrupción fuerte y clientelar.
Los efectos de la corrupción y la limitación de acceso a la
información pública son los vicios que más afectan a una sociedad, cuyas
consecuencias no son de afectación
individual, sino general, porque se subestiman los derechos humanos de toda una
colectividad.
Acción Ciudadana indica que las prácticas corruptas visibles
dentro de un sistema democrático, cuyos antecedentes sociales se encuentran
vinculados a regímenes autoritarios, se convierten en sociedades capaces de
promover el clientelismo, que tienden a aceptar el fenómeno de la corrupción
como un hecho cotidiano. [6]
2.2.1
Impacto
económico
Dieter Frisch, ex-Director
General de Desarrollo de la Comisión Europea, ha observado que la corrupción
aumenta los costos de los bienes y servicios; incrementa la deuda de un país.
Conduce al relajamiento de las normas de modo que se
adquieren bienes que no alcanzan las normas establecidas o tecnología
inapropiada o innecesaria; y puede resultar en la aprobación de proyectos
basados en el valor del capital involucrado en los mismos, más que en la mano
de obra.
Frisch señala que cuando un país aumenta su endeudamiento
para llevar a cabo proyectos que no son económicamente viables, la deuda
adicional no sólo incluye un costo extra debido a la corrupción, sino que la
inversión se canaliza hacia proyectos improductivos e innecesarios.
2.2.2
Impacto
político
El impacto político puede medirse
a través de diversos elementos. La corrupción reproduce y consolida la
desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites
políticas y económicas. Consolida las clientelas políticas y mantiene funcionando
los instrumentos ilegales de control.
Respecto al aparato
administrativo, perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera formas
parasitarias de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad
en el Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento
adecuado.
2.2.3
Impacto
social
La corrupción acentúa las diferencias
sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los
distintos grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven sometidas a
un proceso de exclusión social y político ya que la corrupción los aleja del
sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de
subsistencia.
La delincuencia
ligada a la corrupción es tan compleja, que deja un impacto grande en la
sociedad, porque busca permear, penetrar y operar en el ámbito público y
privado para sacar ventaja ilícita. En la mayoría de sistemas penales
latinoamericanos, ocurre que la corrupción se deja de buscar en donde puede
estar y no se castiga efectivamente.
La corrupción debe
prevenirse a través de educación integral orientada a promover una cultura de
valores distinta a la actualmente conceptualizada, donde rija la honestidad, el
trabajo, la responsabilidad y la creatividad, con familias con vínculos morales
y un ámbito espiritual que practiquen con el testimonio o el ejemplo, que se
configuren como una unidad común de equilibrio humano.
2.3 Soborno
Los
supuestos de la corrupción son muy variados, sin embargo es importante
mencionar de manera general cuales son algunas de las representación más
concurrentes dentro de la sociedad. La primera en mencionar, no por ser la más
importante, sino la más popular es el soborno.
El soborno,
legalmente conocido como cohecho, es catalogado por muchos ciudadanos como un
medio efectivo para viabilizar procesos que pueden ser largos, negativos o de
afectación patrimonial para el actor del cohecho, pero que gracias a los
ofrecimientos o dinero recibido a cambio de una agilización específica, dichos
procesos pueden ser convertidos en procesos positivos.
El soborno cuando un individuo intencionalmente ofrece,
promete o efectúa un pago indebido u otro tipo de dádiva o ventaja, sea
indirectamente o a través de intermediarios, a un agente o autoridad pública
(nacional o extranjera), a fin de que ese agente haga o deje de hacer algo en
cumplimiento de sus funciones y de ese modo obtener o mantener alguna ventaja
indebida.
Diversas
legislaciones nacionales y tratados internacionales han tipificado como delito
esta conducta (Convención Interamericana contra la Corrupción, OEA, 1996 y
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ONU, 2003). Los
artículos 439 al 444 del Código Penal Guatemalteco, regula lo relacionado al
cohecho y sus formas de ejecutarse. El artículo 439 y 442, contienen las
sanciones tanto para quien corrompe como para el corruptor del sistema.
Más allá de que el soborno implique un delito, el hecho de
corromper a alguien para obtener un beneficio personal supone una falta ética
que, en este sentido, debería ser evitada sin necesidad del castigo legal.
2.4 Nociones de Transparencia
En el campo de la lucha contra la
corrupción, el término transparencia se refiere a instrumentos e iniciativas
que promueven y aseguran la visibilidad y accesibilidad de la información
pública gubernamental y de las acciones de quienes están sujetos al escrutinio
público.[7]
Para efectos del
presente estudio, se alude a dos connotaciones[8]
sobre el alcance y dimensión de la transparencia, una es referida a la
actividad y respuesta de las acciones del Estado y la otra sobre la actividad
del ciudadano, ambas giran en torno a la publicidad e información de los actos
públicos.
La primera es la
transparencia activa, entendida como la práctica de las instituciones públicas
de poner a disposición información relevante sin que medie una solicitud
externa, para que las personas interesadas puedan conocerla, analizarla y hacer
uso de ella.
La segunda es la
transparencia pasiva[9] la cual hace mención a las
acciones que responden a solicitudes de información concretas realizadas por
personas ajenas a la institución.
A continuación se
mencionan algunas herramientas claves para la transparencia y consolidar
sistemas de sociedades abiertas, que por medio de las acciones sociales de
denuncia y búsqueda de información, destruyen la tentación de la corrupción por
temor a ser el blanco de investigación.
·
La promoción de la transparencia dentro de los
ámbitos de desarrollo personal es un ejercicio enriquecedor que puede construir
herramientas solidas de moralidad y de pensamiento crítico. Si reproducimos el
mismo modelo dentro del Estado, el resultado será más desarrollo para el país y
el respeto a los derechos humanos constitucionalmente regulados.
·
Derechos humanos es el respeto a los derechos
contemplados y regulados dentro del ordenamiento jurídico de un país. Por lo
cual es de suma importancia hacer especial énfasis en los derechos que se
encuentran regulados dentro de la Constitución Política de un Estado, ya que este
instrumento jurídico es la carta regente de los principios sociales y jurídicos
que determinan las reglas de armonía dentro de una sociedad.
·
La Constitución Política contiene los principios
fundamentales del país, propone los porcentajes mínimos de gasto social que el
Gobierno debe de invertir en la población, catalogando las prioridades del
Estado según las mismas necesidades detectadas por los gobernantes. Todo con el
ánimo de fomentar el bien común como uno de los principios del Estado de
Guatemala.[10] Dentro de la Constitución, se encuentra
regulado el principio de acceso a la información pública, el cual se encuentra
regulado en los artículos treinta y treinta y uno del instrumento en mención.
·
La relación entre el bien común y el acceso a la
información pública son vitales para construir lazos de confianza dentro del
Estado. Ambos se complementan debido a la relación de reciprocidad que
existente entre ambos, debido a la mezcla de virtudes jurídicas que le son
inherentes a cada uno, la conjugación de los mismos fomenta la eliminación de
opacidad dentro de la institucionalidad del Estado. Una sociedad que no puede exigir cuentas
claras sobre la forma en la cual se ejecuta el
patrimonio público, es una sociedad a la cual se le limitan los derechos humanos, a la cual se desea dejar
sin alma y fuerza para hacer valer los derechos que le corresponden.
·
La pasividad o incapacidad de promover la
transparencia, es una forma pasiva de fomentar la corrupción, esto, debido a
que resulta más cómodo implementar una actitud de desconocimiento, donde se
asume una actitud conformista de no repetición es más que suficiente para
colaborar con el sistema, sin hacer la
reflexión sobre la complicidad que se ha generado entre el actor activo
y el pasivo.
·
La transparencia no es la fórmula para la
eliminación de impunidad o de la corrupción, pero si es el primer paso para la
promoción de una estrategia de combate a los males que existen dentro del
Estado. La transparencia es más que la lucha contra la corrupción, es un proceso
de democratización de la cosa pública, en donde la principal estrategia para
reivindicar los derechos que el Estado nos adjudica, es conocer lo que pasa con la cosa pública mediante el
acceso a las cuentas, gastos e informes de su ejecución, por citar un
ejemplo.
·
Acceder a datos del Estado, identificar las
instituciones más propensas a promover la corrupción, y hacer de la fiscalización una estrategia
clara para la implementación de la transparencia dentro del que hacer público,
ánima el ímpetu del ejercicio de los derechos constitucionalmente establecidos,
y ante todo fortalece el sistema de acceso a la información pública.
·
Tener conocimiento de lo que sucede dentro de
las dependencias del Estado, saber cuánto se invierte en cada uno de los proyectos
o planes que dan vida a las políticas públicas, nos permite tener un panorama
comprensible, para entender cuáles son las falencias regentes de las entidades
del Estado.
Pero más allá de conocer su problemas, el acceso a esta
información nos permite empoderarnos del principio de participación ciudadana,
para denunciar y evidenciar los malos o buenos resultados que nuestro Estado
obtiene mediante sus gobernantes. Promover los canales de acceso a la
información y los medios para que estos se mantengan en constante uso y
actualización, es necesario promover el ejercicio de la fiscalización,
auditorias, denuncias públicas, acciones legales para reinstaurar la legalidad
de los actos
2.5 Marco jurídico contra la corrupción
política
Como todo buen país demócrata, el
nuestro también posee sus leyes agradables a la vista así como también
instituciones, ya sean dentro del territorio nacional o que el país pertenezca
a alguna unión extranjera, todo esto con el fin de erradicar la corrupción en
Guatemala, pero lastimosamente, no quieren cortar el problema de raíz, sino que
lo cortan desde el tallo, literalmente.
2.5.1
Leyes
Dentro del Código Penal, Libro Segundo, Título XIII, se encuentran los Delitos
contra la administración pública, dentro de los capítulos III, IV y V.
Además del Código Penal también existe la Ley de Política Nacional de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción.
Y dentro de todo este marco de agradables leyes solo cabe
destacar que en nuestro sistema político las leyes son bastante rígidas, pero,
existe el problema de la no aplicación, y es así como todo continúa en un
círculo vicioso de no denunciar y no cumplir, es por eso que la culpable de la
situación actual, es la ciudadanía.
2.5.2
Instituciones
La República de Guatemala como
Estado independiente, pertenece a organizaciones internacionales que se
encargan del bienestar y el desarrollo mutuo así también entre esas
instituciones a las que Guatemala está afiliado colaboran para minimizar,
frenar, corregir y erradicar actos de corrupción.
Y así encontramos las instituciones que colaboran a
transparentar la política guatemalteca.
2.5.2.1
Organización
de las Naciones Unidas
Es una organización internacional
de naciones basada en la igualdad soberana de sus miembros. Según su Carta
fundacional (en vigor desde el 24 de octubre de 1945), la ONU fue establecida
para “mantener la paz y seguridad internacionales”, “desarrollar relaciones de
amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación internacional fundada
sobre las relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación
internacional en la solución de problemas económicos, sociales, culturales o
humanitarios” y “fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales”. Sus miembros se comprometen a cumplir las obligaciones que han
asumido, a resolver disputas internacionales a través de medios pacíficos, a no
utilizar la amenaza o el uso de la fuerza, a participar en acciones organizadas
en concordancia con la Carta y a no ayudar a un país contra el que la ONU haya
dirigido estas acciones, y a actuar de acuerdo con los principios de la Carta.
2.5.2.1.1
Comisión
Contra la Impunidad en Guatemala
En el año de 2006, exactamente el
12 de diciembre, la CICIG fue creada mediante un acuerdo firmado entre las
Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, luego de la opinión consultiva de
favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007. Fue ratificado
posteriormente por el Congreso de la República de Guatemala, el 1 de agosto de
2007.
La CICIG fue establecida como un órgano independiente de
carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al MP, la PNC y a otras
instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos
por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de
seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de
estos grupos, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un
número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de
su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector de justicia
para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro.
2.5.2.1.1.1
Objetivos
de la CICIG
El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo,
está compuesto de tres objetivos principales:
·
Primero, la CICIG deberá investigar la
existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de
seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales
de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos
ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades,
modalidades de operación y fuentes de financiación.
·
Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado
en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos
ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción
de los delitos cometidos por sus integrantes;
·
Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado
de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los
aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su
reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias
para este fin.
Para cumplir tales funciones, según lo previsto en el
Acuerdo, la CICIG está facultada para asesorar técnicamente a los organismos
estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio
Público. Asimismo, la CICIG está facultada para actuar como querellante
adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Comisión también está
facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios
públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito
de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un
tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos
funcionarios. La CICIG está además facultada para garantizar confidencialidad a
las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en
calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección
ante las autoridades correspondientes.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
“La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una región
de paz, libertad, democracia y desarrollo” (A/63/L.18) Expresó su
agradecimiento a los países que han apoyado a la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala, instándolos a que continuasen apoyándola. Asimismo,
la Asamblea General agradeció al Secretario General de las Naciones Unidas por
haber proporcionado ayuda efectiva y eficiente a la Comisión, pidiéndole que
continuase prestándole apoyo “de manera que la comisión pueda cumplir su
mandato y hacer frente a los desafíos que se le presenten”.
El 24 de marzo de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores
de Guatemala solicitó, por medio de una carta personal dirigida al Secretario
General, la prórroga del mandato de la CICIG por otros dos años. La prórroga
fue confirmada el 15 de abril de 2009 cuando el Secretario General Ban Ki-moon
envió una respuesta personal al Ministro de Relaciones Exteriores, expresando
el deseo de Naciones Unidas de que la Comisión continuara su importante labor
de apoyo a las instituciones nacionales durante otros dos años. Por lo tanto,
la CICIG seguirá trabajando hasta el 4 de septiembre de 2011 para ayudar al
Estado en su rol de desmantelar las organizaciones criminales y combatir la
impunidad en Guatemala.
2.5.2.1.1.2
Caso
en que ha participado
La CICIG ha priorizado cinco grandes temas en la
investigación y persecución penal. El primero es el contrabando y defraudación
tributaria, que ponen en riesgo la legitimidad y la sostenibilidad financiera
del Estado; el segundo es la corrupción en el sector público; el tercero es la
financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales; el cuarto
es la corrupción judicial, alimentada por “una democracia con poderes públicos
establecidos e instituciones de seguridad y justicia constituidas”. Y el último
es el narcotráfico y lavado de activos. Desde que se instaló la Comisión en
2007, ha investigado y desarticulado varias estructuras que operaban bajo el
manto de la impunidad en Guatemala:
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Año
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Caso
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Delito
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Descripción
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2006
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Ejecuciones extrajudiciales
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La CICIG imputó a exfuncionarios del gobierno
de Óscar Berger Perdomo envueltos en la ejecución extrajudicial de
reos en requisas de las cárceles Pavón y El Infiernito y en el asesinato de
tres diputados salvadoreños del PARLACEN.
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2008-2009
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Malversación
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Coadyuvó a enjuiciar al expresidente Alfonso
Portillo y varios militares por el
delito de malversación de fondos y corrupción. El exembajador de Taiwán,
Andrew Wu, fue implicado en el hecho por la entrega de cheques al
exmandatario. Portillo cumpliría una condena de prisión en Guatemala y
luego en los Estados Unidos a donde fue extraditado, y en febrero de 2015 retornó a
Guatemala.
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2008-2012
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Adolfo Vivar
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Defraudación
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Coadyuva en la captura y condena del entonces
alcalde de la Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, quien lideraba una banda que defraudó a la
Municipalidad de al menos veintitrés millones de quetzales, en la contratación de servicios a empresas que
no ejecutaron las obras.
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2009
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Homicidio
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Colaboró en el descubrimiento de la planeación
suicida de Rodrigo Rosenberg, para inculpar a Sandra Torres y al expresidente Álvaro Colom. El 15
de julio de 2010, nueve de los acusados fueron condenados de 10 a 12 años.
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2012
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Marlene Blanco Lapola
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Ejecuciones extrajudiciales
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La Comisión ayudó a la captura de la exdirectora
de la PNC, Marlene Blanco Lapola, acusada de ejecuciones extrajudiciales.
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2013
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Dirección General de Migración
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Ingresos ilegales
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La CICIG actuó contra una estructura criminal que
emitía pasaportes a extranjeros, permitía el ingreso de los viajeros al
aeropuerto nacional sin dejar registro y proporcionaba vehículos a los
ilegales, en contubernio con traficantes de personas.
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2014
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Los Mendoza
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Narcotráfico
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La Comisión anunció la detención de Harold
Mendoza, líder de una banda que vendía drogas y quien manejaba a un ejército
privado para controlar el mercado de estupefacientes en Guatemala.
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2014
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Byron Lima
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Corrupción
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Desmanteló una red ilegal dirigida por el reo
Byron Lima, ex oficial del Ejército de Guatemala, quien cumplía condena por
el asesinato del arzobispo Juan
Gerardi. Lima y doce personas más
fueron acusados de lavado de dinero, extorsión, venta de seguridad y de
traslados de reos de una cárcel a otra.
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2015
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Defraudación
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La CICIG y el Ministerio público consignaron a 22
personas, miembros de la banda «La Línea», dedicada a defraudar al fisco por
montos millonarios. Entre ellos se encontraban: Juan Carlos Monzón secretario
privado de la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, y los dos últimos titulares de la Superintendencia
de Administración Tributaria de Guatemala(SAT), Carlos Muñoz y Omar Franco.
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3. ACTUALIDAD POLÍTICA EN GUATEMALA
Evidentemente en la República de
Guatemala los altos cargos de los funcionarios públicos coaccionan con actos de
corrupción, éstos, van de la mano, pues es muy notoria la malversación de
fondos del pueblo, y esto sobrelleva que el panorama nacional de las
actividades políticas se torne negro y
repudiado. La transparencia política se transforma en una promesa de
campaña electoral, esto en sentido figurado no es malo, lo malo (si
profundizamos las relaciones políticas) es la ignorancia de los ciudadanos al
confiar en la demagogia de los buenos políticos.
En el gobierno, la corrupción es más que evidente.
3.1 Caso de “La Línea”
El Caso de «La Línea» es un caso
de corrupción en las aduanas de Guatemala que está siendo investigado por la
Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) en 2015. La
investigación de la CICIG fue hecha pública el 16 de abril de 2015 e involucró
a varios altos funcionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez
Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia, el capitán
retirado Juan Carlos Monzón y directores de la Superintendencia de
Administración Tributaria de Guatemala (SAT). Monzón se encontraba en Seúl, Corea
del Sur, acompañando a la vicepresidente Roxana Baldetti -a quien le fue
conferido un doctorado honoris causa
en esa ciudad por su trabajo social- cuando se enteró de los cargos contra él y
emprendió la fuga, en un viaje a España, Colombia y, finalmente, Honduras;
otros involucrados fueron capturados en Guatemala y algunos de ellos obtuvieron
su libertad al cabo de unos pocos días gracias a una medida sustitutiva que les
otorgó la jueza guatemalteca Marta Sierra de Stalling, aunque el Ministerio
Público accionó inmediatamente para impugnar dicha medida.
3.1.1
Investigación
De acuerdo al presidente Otto
Pérez Molina, él pidió no incluir a Baldetti en la investigación, ya que ambos
solicitaron a la CICIG investigar este caso, y además explicó que ellos ya
conocían sobre los avances del trabajo de la Comisión.
Como una bien estructurada red de cuello blanco, integrada
por personas con conocimientos y muy preparadas, fue calificada la red dedicada
a la evasión tributaria y aduanera denominada «La Línea», en la que según las
investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala,
está involucrado el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria
-SAT-, Omar Franco, quien junto a otras diecinueve personas fue capturado el 16
de abril de 2015.
3.1.1.1
Involucrados
Un total de veintitrés operativos
en los que se realizaron veinticuatro allanamientos y para los cuales
participaron doscientos cincuenta agentes de la Policía Nacional Civil,
fiscales del Ministerio Público y de la CICIG, dio como resultado la captura de
veinte personas, entre ellas autoridades y trabajadores de la SAT, algunos
empresarios y tramitadores. Desde tempranas horas del día fueron montados los
operativos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del país, con la finalidad
de ejecutar las respectivas órdenes de captura contra los involucrados.
Las personas
capturadas fueron:
·
Personal de la SAT: Álvaro Omar
Franco Chacón, superintendente de la SAT; Sebastián Herrera Carrera, jefe de
recursos humanos; Anthony Segura Franco, secretario general del sindicato de la
SAT; Karla Mireya Herrera España, administradora de la Aduana Central; Gustavo
Morales Pinzón, jefe de división región sur; José Rolando Gil Monterroso;
Melvin Gudiel Alvarado, administrador y Carlos Enrique Muñoz Roldan,
exsuperintendente de la SAT.
·
Personas externas: Adolfo Sebastián
Batz, Carlos Ixtuc Cuc, Geovanni Marroquín Navas, Julio César Aldana Sosa,
Mónica Patricia Jauregui, Salvador Estuardo González, Osama Ezzat Aziz Aranki,
Byron Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Julio Estuardo
González de León, Herbert Francisco Cabrera, Miguel Ángel Lemus Aldana, todos
sindicados por los delitos de asociación ilícita para el contrabando aduanero
y caso especial de contrabando aduanero.
Según Iván Velásquez, jefe de la CICIG, esta red criminal
era investigada desde el mes de mayo de 2014, cuando tuvieron indicios acerca
de los nexos que un grupo de importadores tenía con una red de tramitadores
aduaneros, quienes facilitaban los medios para que pagaran menos impuestos.
Según Velásquez esta facilidad se les otorgaba mediante un contacto telefónico,
conocido como «La Línea», el cual era proporcionado a los importadores. «La Línea»
operaba principalmente en las aduanas de ingreso, ubicadas en Puerto Quetzal y
Santo Tomas de Castilla.
La CICIG explicó que las investigaciones permitieron
determinar que la red estaba integrada por funcionarios públicos en complicidad
con los tramitadores, logrando diseñar una tabla paralela conteniendo los
parámetros estipulados para el pago de los impuestos. Fue así, que a partir del
análisis de la información se determinó que los tramitadores y vistas aduaneros,
se comunicaban y respondían de manera jerárquica con otro grupo de individuos
que no formaban parte de la SAT, pero accionaba generando influencia en las
estructuras internas de la Superintendencia para que los vistas y tramitadores
efectuaran los ajustes irregulares y realizaran el cobro de la cola o
soborno.
Asimismo, se estableció que los mandos medios de la
estructura obedecían a otro grupo de individuos, encargados de tomar las
decisiones específicas, tales como dar autorizaciones y facilitar la
influencia jerárquica para que la estructura externa media tuviese el control
“real” de la SAT en relación a la recaudación aduanera, así como para autorizar
el ingreso de nuevos miembros a la estructura paralela, y colocar a
funcionarios superiores en la SAT. Entre las personas externas a la SAT están:
Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador Estuardo González Álvarez, representante
de un consorcio de medios de comunicación de Guatemala. Así también, se
estableció que las reuniones donde coordinaban los ilícitos eran realizadas en
la boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, propiedad
de Luis Mendizábal.
La CICIG detalló que la investigación tuvo una duración de
ocho meses de seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura, se
interceptaron más de sesenta y seis mil llamadas telefónicas y más de seis mil
comunicaciones electrónicas. Asimismo, invirtieron más de cuatro meses en el
análisis e interpretación de la información recolectada, y expertos financieros
colaboraron en el cotejo y análisis de varios documentos. Aunque no se precisó
una suma exacta del monto defraudado al fisco, el fiscal de la CICIG afirmó que
la estructura cobraba entre veinte mil y cien mil quetzales por contenedor que
se comunicaba a «La Línea». Finalmente, manifestó que tras escuchas telefónicas
lograron comprobar que del cuarenta por ciento de los impuestos recaudados por
la SAT, el treinta por ciento provenía de sobornos a empresas, para no pagar
impuestos. Dicha estructura recibió más de Q2 millones semanales producto de
los diferentes cobros ilegales.
Más de mil empresas y empresarios habrían hecho uso de «La
Línea» para evadir impuestos, lo que también se investiga.
El 20 de abril, la fiscalía expuso ante la jueza Octavo del
Ramo Penal, Marta Sierra de Stalling, que en menos de un año –entre mayo de
2014 y abril 2015– los miembros de la banda de defraudación aduanera «La Línea»
se habrían agenciado cuantiosas sumas de dinero, al extremo que los de «alto
rango» recibieron aproximadamente cuarenta millones de quetzales, los de
«mediano rango» entre quince y veinte millones, y los «de menor rango» no menos
de trescientos treinta mil. En quince días, los «mandos altos» habrían recibido
dos millones y el aporte semanal más pequeño habría ascendido como a siete mil
quinientos. Entre los mandos altos –según el Ministerio Público– estarían Juan
Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de Roxana Baldetti, los
exsuperintendentes Álvaro Omar Franco y Carlos Enrique Muñoz; Sebastián Herrera
Carrera, exdirector de Recursos Humanos de la SAT, Francisco Javier Ortiz,
Osama Ezzat Aziz Aranki, Julio Estuardo González de León y Miguel Ángel Lemus
Aldana.
De acuerdo con lo conocido en las exposiciones, el
Ministerio Público –con apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala– sindicó a Muñoz de haber recibido el 5 por ciento de lo obtenido
por la banda delictiva durante su gestión al frente de la SAT. Esta tarde la
defensa argumentó por sus patrocinados, mientras –se informó– la jueza podría declarar
en rebeldía a Juan Carlos Monzón Rojas.
3.1.1.1.1
Presunto
líder Juan Carlos Monzón
El acusado de ser el líder de la
banda, Juan Carlos Monzón Rojas, estaría vinculado a una empresa panameña
registrada bajo el nombre de Edengrove International, que habría sido creada en
abril de 2011, de acuerdo con los datos del Registro Público de Panamá. En mayo
de dicho año se inscribió en el Registro Mercantil de Guatemala. El director de
la empresa es Víctor Hugo Hernández, quien es socio fundador de Inversiones y
Proyectos Marbella, S.A. y de Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S.A.,
empresas que en mayo de 2013 compraron el cincuenta y ocho por ciento de las
acciones de Corporación de Noticias, S. A., que controla los diarios Siglo 21 y
Al Día, por veinte millones de quetzales. Estuardo González, presidente de
Corporación de Noticias, es también acusado de participar en «La Línea». Por
otra parte, en diciembre de 2014, el rotativo guatemalteco ElPeriódico publicó que Monzón habría adquirido una residencia en
una colonia exclusiva de Guatemala por un monto de US$850,000.
El 22 de abril de supo que la empresa de Monzón Rojas,
Canchas Deportivas, S.A., había recibo trece contactos de parte del gobierno
por un monto de varios millones de quetzales; ahora bien, se explicó que la
empresa ya estaba en operación desde 2007 y que desde entonces había recibido
contratos, principalmente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y
sus afiliadas, y también se informó que Monzón Rojas no representaba a la
empresa desde que asumió el cargo de secretario privado de la Vicepresidencia.
Al ser imputado Carlos Muñoz, exjefe de la SAT, los fiscales
del MP presentaron una intercepción telefónica que lo involucra junto a un
hombre que se identifica como Juan Carlos Monzón, que las autoridades suponen
es el exsecretario privado de la Vicepresidencia, considerado el cabecilla de
dicha estructura. En la escucha telefónica entre Monzón y Muñoz se habla sobre
algunos cambios en la institución. También Monzón le pide a Muñoz que la «R» vaya
para arriba; las autoridades no tienen claro a qué se referían con este código.
Finalmente, aunque fuentes oficiales señalaban que Baldetti
no volvió hasta el sábado 18 de abril a Guatemala, el martes 21 de abril en
conferencia de prensa se presentaron documentos que demuestran que Baldetti
arribó al país el viernes 17 de abril. La vicemandataria arribó en un vuelo
privado, según los registros migratorios, presentados por el propio vocero
presidencial Jorge Ortega, el mismo que el pasado sábado en declaraciones
públicas dijo que la funcionaria aún no regresaba de su viaje y no había una
fecha programada. Estas declaraciones evidenciaron que desde el Ejecutivo se
trataba de ocultar la fecha y hora de la llegada de Baldetti, de un viaje donde
la acompañó Juan Carlos Monzón.
3.1.2
Reacciones
El jefe del Ejecutivo, general
Otto Pérez Molina, indicó que solicitó a la CICIG no investigar a la
vicepresidente y también negó que Monzón Rojas haya influido para nombrar a
Omar Franco como superintendente de Administración Tributaria, pese a que la
CICIG mencionó que el secretario privado de la Vicepresidenta prometió a Franco
influir en su nombramiento. Ahora bien, en una entrevista del seis de enero de
2015 en el noticiero radial Emisoras Unidas, Pérez Molina había indicado que
habían investigado el origen de las propiedades de Monzón Rojas, pero el 16 de
abril mencionó que lo único que su gobierno hizo fue revisar la legalidad de
los documentos que respaldan el millonario patrimonio de Monzón Rojas y no cómo
lo había obtenido.
Pérez Molina aseguró que no destituiría a la intendente de
Aduanas, Claudia Méndez Asencio, pese a que fue durante su administración que
la estructura criminal «La Línea» pudo operar en las aduanas del país.6 El
mandatario indicó que él y la Vicepresidenta, quien dirige la Comisión Contra
el Contrabando, no sabían que Monzón era parte de una estructura criminal que
robaba a la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-.
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson,
dijo que la desarticulación de la red criminal «La Línea» es una muestra del
buen trabajo en conjunto con el Ejecutivo, el Ministerio Público y la CICIG.
«Lo ocurrido no sé sí justifica o no la presencia de la CICIG en el país, pero
sí muestra la necesidad de enfrentar la corrupción y que la CICIG es una buena
herramienta para ello. Hay que buscar maneras creativas para conseguirlo»,
manifestó el embajador.
En los pocos meses que quedan del mandato de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala hay suficiente tiempo para
ahondar en las investigaciones y llegar hasta quien se tenga que llegar.
3.1.3
Datos
a considerar
·
El candidato a la presidencia de la República,
el empresario Alejandro Sinibaldi, renunció del Partido Patriota, esto fue lo
que dijo: Renuncio porque no estoy
dispuesto a encabezar un proyecto cuyo único objetivo es llevar diputados al
Congreso con la misión de proteger intereses mezquinos y de buscar espacios de
impunidad de funcionarios corruptos cercanos a la vicepresidenta Roxana Baldetti».
·
La CICIG, por su parte permanecerá dos años más
en el país, esto, gracias a que el presidente de la República (al no soportar la presión)
pidió la prórroga para el ente.
·
Además la CICIG y la SAT solicitaron ser
querellantes en el proceso contra los 22 procesados por la defraudación aduanera
y contrabando de la red.
·
Varios alcaldes y diputados han presentado su
dimisión al Partido Patriota, luego de que se descubriera o supusiera la
implicación del actual presidente y vicepresidente de país. Entre ellos Antonio
Coro, alcalde por el PP del municipio de Santa Catarina Pinula, quien además
agregó que la vicepresidenta lo estaba presionando para que él fuera el
candidato a presidente, a lo cual él se negó rotundamente arguyendo que, no está preparado para el cargo.
·
Las empresas de Monzón Rojas han recibido
millones de quetzales provenientes de trece contratos con el Estado y algunos
tratados más.
·
La Interpol está en busca de Monzón Rojas.
·
Se presumía que Monzón Rojas luego de estar en
Corea del Sur, huyó a España, o mejor dicho, la “vice” lo incitó a escapar,
luego surgieron hipótesis de que se encontraba en Honduras, la policía nacional
y la Interpol lo buscaron mas no lo encontraron en ese país, ante eso, la
Interpol indicó que Monzón Rojas pudo volver a Guatemala por vía terrestre.
·
Monzón Rojas puede estar oculto en las viviendas
de Baldetti, la policía y abogados intentan ingresar a sus propiedades para
encontrarlo.
·
La CICIG no puede ser considerado como un cuerpo
extraño en el país sino como un grupo de personas interesadas en apoyar al país.
3.2 Guatemala en el índice de percepción de
corrupción
El índice de Percepción de la
Corrupción de Transparencia Internacional ubicado en Berlín Alemania, refleja
el punto de vista de expertos en el tema y empresarios de los países evaluados,
el cual nos da una VISTA GENERAL DEL MOMENTO de la percepción de la corrupción
en el país.
Guatemala en el año 2013 obtuvo una calificación de 29
puntos, donde nos ubicaba en la posición 123; en el año 2,014 se obtiene 32 puntos
que nos ubica en la posición 115 donde se observa una mejora de 8 posiciones.
A nivel Centroamericano Guatemala se posiciona por debajo de
El Salvador obteniendo la mejor calificación comparada con Honduras y Nicaragua
que tuvieron los resultados de 126/175 y 133/175 respectivamente.
Factores positivos y negativos de la
transparencia en Guatemala
Como factores positivos se puede mencionar la mejora en el
índice de país en un año político, lo que significa un gran logro alcanzado, ya
que en la historia se ha demostrado que el tercer año de Gobierno los índices
de percepción bajan sustancialmente, sin embargo en el año 2,014 se da un
fenómeno inverso, donde el indicador sube a favor de Guatemala y ello significa
que las políticas y acciones de Gobierno en tema de Prevención de Combate a la
Corrupción y en Pro de la Transparencia han sido bien enfocadas y están dando
sus frutos.
Entre los avances implementados que
impactaron en la calificación positiva de país están:
- El
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en todas las
entidades del Organismo Ejecutivo.
- Las
mejoras en la competitividad global.
- La
traducción de la Ley de Acceso a la información en idiomas mayas.
- La
implementación de la Política de Gobierno Abierto.
- La
validación de Guatemala como país cumplidor en la Iniciativa de
Transparencia EITI.
- El
Impulso de Gobierno Electrónico como una herramienta para combatir la
corrupción.
- Guatemala
legisla los indicadores de Transparencia en la obra física, ocupando el
primer lugar a nivel mundial en alcanzar este logro.
- La
implementación de Leyes de Transparencia.
Estas acciones y muchas más son las que influyeron en que
Guatemala se posicionara mejor.
Entre los factores negativos están: El secreto bancario, la
falta de regulación para prevenir el lavado de dinero, escuelas mal
equipadas, la falsificación de medicamentos y las elecciones con dudosa
transparencia, los que afectaron la evaluación de país, donde en dicho
indicador se toma en consideración no solamente al Organismo Ejecutivo, Congreso
de la República, Policía Nacional Civil, Organismo Judicial sino que también el
Sector Privado.
Puntos en consideración
Como Gobierno estamos conscientes que falta mucho por hacer,
pero después de 11 años de rezago en tema de combate de la corrupción de los
años 2001-2011, es una carga fuerte que el país tuvo que superar y hoy vemos
los logros alcanzados.
Retos que cumplir en el combate a la
corrupción:
- Mejorar
la legislación en cuanto a castigos más drásticos para los delitos de
corrupción;
- Impulsar
fuertemente la Iniciativa STAR (Recuperación de Activos Robados) y
capacitar a los Órganos de Control Superior en su implementación,
- Implementar
mejores medidas para Prevenir el lavado de dinero,
- Eliminar
el Secreto Bancario,
- Involucramiento
del Sector Privado en combatir la corrupción dentro de sus propias
empresas (OEA recomienda).
[2]
Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, consultado el 25 de
abril de 2015
[3]
Transparencia Internacional, Informe de Corrupción 2009, página 59
[4]
Michel Rowland. Visión contemporánea de la corrupción. Página 31-42
[5]
La corrupción política, Francisco J. Laporta, Silvian Alvarez, Alianza
editorial, página 45.
[6] Acción Ciudadana. (2001).
Fortalecimiento de los órganos de control en el Estado de Guatemala. p. 22
[7] ww.eupanishglossary.com
[8]
www.transparenciacdh.uchile.cl
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