Wikipedia

Resultados de la búsqueda

Archivo del blog

Mostrando entradas con la etiqueta derecho constitucional. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta derecho constitucional. Mostrar todas las entradas

viernes, 28 de octubre de 2016

Teoría de la Constitución / 215 Derecho Constitucional

TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN
1.    DEFINICIÓN DE CONSTITUCIÓN
Conjunto de normas jurídicas que regulan los poderes del Estado y establecen las obligaciones y derechos respecto al Estado y a las autoridades públicas y de los habitantes y ciudadanos.
Según la Corte de Constitucionalidad es: “la norma suprema de todo ordenamiento jurídico a cuyas disposiciones están sujetos los poderes públicos y los propios gobernantes.”
-        Funciones
Según la doctrina, la Constitución ejerce las siguientes funciones:
a.    Permite la convivencia pacífica de las personas
b.    Limita el ejercicio del poder de manera controlada
c.     Sujeta al Estado al Derecho

2.    PODER CONSTITUYENTE Y PODERES CONSTITUIDOS
-        Poder constituyente
Es la voluntad originaria creadora del ordenamiento jurídico no sujeta a ninguna norma legal anterior. Éste da origen a la Constitución
o   Características
a.    El titular del poder es el pueblo
b.    Tiene como principal función establecer el ordenamiento jurídico
c.     Puede ser originario o primario (cuando no hay ley anterior), y derivado (una reforma constitucional)
d.    Es supremo, coercitivo e independiente

-        Poder constituido
Es el creado por la voluntad política originaria y regidos por el ordenamiento jurídico positivo. No es más que una reforma constitucional.

3.    SUPREMACÍA, IMPERATIVIDAD Y LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL
Su origen principal es el poder constituyente, éste le da el carácter de superioridad sobre toda clase de norma dentro del ordenamiento jurídico. Se inspira en principios políticos, constitucionales y sociales considerados determinantes, tales como la soberanía popular y la primacía humana, es además la piedra angular del constitucionalismo y del Estado Constitucional.
En Guatemala uno de los principios rectores en su ordenamiento jurídico es el de supremacía constitucional, el cual indica que la Constitución está en la cima del sistema legal, procurando con esto consolidar el Estado de Derecho.

4.    ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN
Según el jurista guatemalteco, Ramiro de León Carpio, nuestra constitución se estructura de la siguiente forma:
-       Parte dogmática: Contiene los derechos fundamentales de las personas, establecidos desde el Preámbulo hasta el artículo 139.
-       Parte orgánica: Contiene la estructura y funcionamiento del Estado, establecido desde el artículo 140 al 262.
-       Parte práctica: Contiene los mecanismos y garantías para hacer valer los Derechos establecidos en la Constitución y para defender el orden constitucional. Establecida desde el artículo 263 al artículo 281.


5.    CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES
-       Racional normativa: Porque la concibe por un complemento normativo establecido de una sola vez y que contempla las funciones fundamentales del Estado, la regulación de sus órganos, el ámbito de competencia y la relación entre ellos.
-       Histórico racional: Es el producto de una lenta transformación histórica, basada en el pasado y no en la razón.
-       Sociológica: Es producto de la realidad viviente y vigente de un país sin tomar en cuenta su ideología.
-       Atendiendo a la forma de su contenido
o   Escrita: son aquellas que se encuentran en un documento todas sus instituciones y principios de conveniencia social.
o   No escrita: conocidas como dispersas o consuetudinarias, carecen de un texto concreto y están integradas principalmente en varias leyes, costumbres, usos, hábitos y prácticas surgidos y perfeccionadas a través de un proceso histórico.
-       Atendiendo a su reforma
o   Flexibles: son aquellas que pueden ser reformadas por el poder legislativo ordinario.
o   Rígidas: son aquellas que exigen para su reforma de una Asamblea Nacional Constituyente
o   Mixtas: son aquellas que una parte de ellas puede ser reformada por el órgano legislativo ordinario y la otra, única y exclusivamente por una Asamblea Nacional Constituyente.
-       Atendiendo a su extensión
o   Desarrolladas: son aquellas que además de exponer los fundamentos de la organización política del Estado, toman en cuenta disposiciones relativas a otras materias, con el fin de afianzar el sistema y asegurar su funcionamiento.
o   Sumarias: son las que únicamente exponen los fundamentos de la organización del Estado.
-       Atendiendo a su origen o forma de creación
o   Otorgadas: son cartas concebidas de manera graciosa por parte del monarca hacia los súbditos por medio de las cuales el monarca deja parcial o totalmente sus poderes para consignarlos en una ley.
o   Pactadas: son el producto de un contrato celebrado entre el rey y el pueblo con voluntades equivalentes.
o   Democráticas: son las que dicta el pueblo en ejercicio de su facultad soberana a través de sus representantes. Se caracteriza por limitar las atribuciones del poder público y reconoce y garantiza una inviolable esfera de libertad a favor del ser humano.

6.    INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
-       Hermenéutica jurídica
Es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio y la sistematización de los métodos interpretativos.
-       Interpretación constitucional
Es la actividad intelectual encaminada a determinar el significado de una norma jurídica, en este caso, una norma constitucional.
Comprende tres escenarios:
o   La interpretación propiamente dicha: consiste en desentrañar el significado y el sentido de un texto normativo.
o   Integración consiste en precisar la extensión y significado de una norma, la cual obtiene un sentido a través de valores y principios que integran la idea política de la sociedad.
o   Construcción: consiste en descubrir y explicar la intención política que tuvieron los autores de la norma respecto a su aplicación en un caso concreto.
-       Reglas de interpretación
Son normas o principios que según la doctrina facilitan la tarea interpretativa, las cuales son necesarias tomarlas en cuenta cuando se está en presencia de un caso concreto.
o   El fin supremo de la constitución: alude a prestar importancia al fin último del texto constitucional.
o   Interpretación amplia o extensiva: consiste en interpretar la norma con un criterio amplio, liberal y práctico y nuca de manera estrecha o limitativa.
o   Por el sentido de las palabras de la Constitución Política: según esta regla, los términos y palabras empleadas deben ser entendidas en un sentido general.
o   La constitución como un todo orgánico: según esta regla, la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico y orgánico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con las otras partes. Ninguna disposición debe ser considerada aisladamente.
o   La constitución como instrumento de gobierno:  ha de ser interpretada teniendo en cuenta las necesidades existentes al momento de su sanción y más aún al momento de su interpretación y aplicación.
o   Privilegios y excepciones: informa que tanto los privilegios y excepciones deben interpretarse con criterio restrictivo pues generalmente causan malestar en la comunidad porque afectan sus intereses y derechos.
o   Presunción de constitucionalidad: enseña que los actos de gobierno poseen certeza constitucional, siempre que puedan ser armonizados mediante la integración de la norma suprema.
-       Métodos o sistemas de interpretación constitucional
Doctrinariamente existen numerosos sistemas o métodos de interpretación; para efectos prácticos consideraremos los siguientes:
o   Auténtica: o de autoridad, proviene del órgano mayor en materia constitucional.
o   Doctrinaria: realizada por juristas en sus obras.
o   Judicial: realizada por los jueces y magistrados en ámbito de su función.
o   Según los métodos empleados
·         Literal o gramatical: consiste en asignar a las palabras empleadas el significado exacto de los mismos, acorde al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
·         Sistemática: consiste en la comprensión de todo el sistema jurídico conforme a preceptos individuales de la Constitución.
o   Según la amplitud y eficacia
·         Restrictiva:  consiste en entender y aplicar las normas constitucionales en su sentido más limitativo o restringido.
·         Extensiva: consiste en entender y aplicar las normas constitucionales en su sentido más amplio o desarrollado.
·         Analógica: consiste en establecer similitudes entre un caso claramente establecido en la norma y otro no previsto en ella.
o   Según los antecedentes, referencias o indicadores
·         Histórica: consiste en indagar los antecedentes por raíces de la norma constitucional para conocer su espíritu.
·         Política: permite adentrarnos y comprender el régimen político de un Estado.
·         Evolutiva: radica en analizar las circunstancias cambiantes del Estado y encuadrarlas en el marco constitucional.
·         Teleológica: consiste en estudiar el fin perseguido en la Constitución. (El bien común).

7.    MEDIOS DE DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN
-       Definición
Son todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales establecidos para conservar la normativa constitucional y para prevenir su violación, logrando el desarrollo y la evolución de las normas fundamentales
-       Pilares fundamentales
Los pilares fundamentales de la teoría moderna de la defensa de la Constitución fueron esencialmente:
a.    El sistema de control constitucional de tipo difuso de Norte América.
b.    La institución del Habeas Corpus de Inglaterra.
c.     El juicio de amparo mexicano.
d.    La Corte de Justicia Constitucional como tipo de control concentrado.
-       Medios de defensa
o   Protección constitucional: son los instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica incorporados al texto constitucional con el propósito de limitar el poder.
·         De orden político: la división de poderes, el refrendo ministerial, el veto presidencial y la interpelación a ministros.
·         De orden económico: garantizan la pureza en el manejo de los recursos.
·         De orden social: práctica realizada por las actividades de los partidos políticos.
·         De orden jurídico: están constituidos por la rigidez o no, constitucional.
-       Garantías constitucionales
Son aquellas que se integran con los medios jurídicos procesales, los cuales reintegran el orden constitucional cuando ha sido desconocido o violado por los propios órganos de poder.

8.    REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
-       Definición
Es todo cambio o incorporación que se realiza a las normas, instituciones, derechos y garantías contenidas en la Constitución con el fin de actualizar la materia constitucional a la realidad social, encontrando su legitimación en la soberanía ejercida por el pueblo.
-       Tipos de reforma:
Por su contenido, pueden ser:
o   Innovadoras:  introducen o suprimen elementos de la Constitución.
o   Actualizadoras: refuerzan o disminuyen elementos esenciales contenidos en la ley suprema que ya no tienen razón de ser.
o   Actualizadora de textos: su fin es que el texto constitucional tenga concordancia con la realidad social del momento.
o   Explicativas: buscan que las disposiciones constitucionales modificadas sean claras en su alcance y contenido.

o   Correctivas: buscan emendar las expresiones deficientes contenidas en el texto constitucional o bien, modificar la ubicación de artículos sin alterar su contenido.

Jerarquía de Leyes Constitucionales en Guatemala


Las Constituciones de Guatemala / 215 Derecho Constitucional





Regímenes del Estado de Guatemala / 215 Derecho Constitucional

REGÍMENES DEL ESTADO DE GUATEMALA
Son modelos de organización del poder que adopta el Estado para ejercer el control sobre gobernados y gobernantes, con obligaciones y derechos políticos para ambos.
Son líneas transversales impuestas por, para y entre el Estado, son encabezados por expertos para su fiel cumplimiento, poseen limitaciones por estar sujetas a la ley y además de ello, algunos cuentan con una ley orgánica e incluso, una ley constitucional.
Los Regímenes, son:
I.              Régimen Político Electoral;
II.            Régimen Administrativo;
III.           Régimen de Control y Fiscalización;
IV.          Régimen Financiero; y
V.            Régimen Municipal

I.              Régimen Político Electoral
Este régimen establece y regula las organizaciones políticas, los protagonistas, y el proceso electoral con todos sus elementos.
El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y sólo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen.
Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia.
Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al Presidente de la República, a los funcionarios de Organismo Ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas.
Todo lo relativo a este régimen que es un factor determinante en una sociedad democrática contemporánea, se puede encontrar en la ley constitucional, Ley Electoral y de Partidos Políticos Decreto Número 1-85 promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1985 y el Tribunal Supremo Electoral, máximo órgano en materia electoral. Con esto se inicia la nueva era democrática guatemalteca.
 Su fundamento constitucional es el artículo 223 el cual fue reformado como adicionado por el Artículo 26 de las Reformas Constitucionales, publicadas en Diario Oficial números 70, del 24 de noviembre de 1993, 77, del 3 diciembre de 1993<; 80 del 8 de diciembre de 1993.

II.            Régimen Administrativo
Este régimen es capaz y pretende establecer un ordenamiento eficaz del país a través de la división, la descentralización y la autonomía de los elementos terrenales que componen el país, tales como las regiones, los departamentos, los municipios, entre otros. Esto, con el propósito de que la administración de los recursos del Estado sean distribuidos de manera viable y eficaz, procurando prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de malversación o delito en el manejo los recursos del pueblo.
El territorio de la República, se divide para su administración en departamentos y éstos en municipios.
La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país.
Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la Nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal.
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural:
Para la organización y coordinación de la administración pública, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural coordinado por el Presidente de la República e integrado en la forma que la ley establezca.
Este Consejo tendrá a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial.
Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural
Las regiones que conforme a la ley se establezcan contarán con un Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, presidido por un representante del Presidente de la República e integrado por los gobernadores de los departamentos que forman la región, por un representante de las corporaciones municipales de cada uno de los departamentos incluidos en la misma y por los representantes de las entidades públicas y privadas que la ley establezca.
Los presidentes de estos consejos integrarán ex oficio el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.
Gobernadores
El gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el Presidente de la República, deberá reunir las misma s calidades que un ministro de Estado y gozará de las mismas inmunidades que éste, debiendo haber estado domiciliado durante los cinco años anteriores a su designación en el departamento para el que fuere nombrado.

Consejo departamental
En cada departamento habrá un Consejo Departamental que presidirá el gobernador; estará integrado por los alcaldes de todos los municipios y representantes de los sectores público y privado organizados, con el fin de promover el desarrollo del departamento.
Aporte financiero del gobierno central a los departamentos
Los consejos regionales y departamentales, deberán de recibir el apoyo financiero necesario para su funcionamiento del Gobierno Central.
Registro General de la Propiedad
 El Registro General de la Propiedad, deberá ser organizado a efecto de que en cada departamento o región, que la ley específica determine, se establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo catastro fiscal.
Región metropolitana
La ciudad de Guatemala como capital de la República y su área de influencia urbana, constituirán la región metropolitana, integrándose en la misma el Consejo Regional de Desarrollo respectivo.
Lo relativo a su jurisdicción territorial, organización administrativa y participación financiera del Gobierno Central, será determinado por la ley de la materia.
Su fundamento constitucional lo encontramos en los artículos 224, 225, 226, 27, 228, 229, 230 y 231 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

III.           Régimen de Control y Fiscalización
Es un régimen que como tal pretende recaudar, recuperar y administrar los bienes económicos relacionados con los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y de cualquier otra persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas.
Todo este régimen está manejado por la Contraloría General de Cuentas.
Contraloría General de Cuentas
La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas.
También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos.
Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley.
Elección del Contralor General de Cuentas
El jefe de la Contraloría General de Cuentas, será electo para un período de cuatro años, por el Congreso de la República, por mayoría absoluta de diputados que conformen dicho Organismo. Sólo podrá ser removido por el Congreso de la República en los casos de negligencia, delito y falta de idoneidad. Rendirá informe de su gestión al Congreso de la República, cada vez que sea requerido y de oficio dos veces al año. Gozará de iguales inmunidades que los magistrados de la Corte de Apelaciones. En ningún caso el Contralor General de Cuentas podrá ser reelecto.
El Congreso de la República hará la elección a que se refiere este Artículo de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades de país, quien la preside, los Decanos de las Facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de cada Universidad del país y un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.
Para la elección de candidatos se requerirá el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de dicha Comisión.
En las votaciones, tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.
Requisitos del Contralor General de Cuentas
El Contralor General de Cuentas será el jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de cuarenta años, guatemalteco, contador público y auditor, de reconocida honorabilidad y prestigio profesional, estar en el goce de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión por lo menos diez años.
Facultades del Contralor General de Cuentas
 El Contralor General de Cuentas tiene la facultad de nombrar y remover a los funcionarios y empleados de las distintas dependencias de la Contraloría y para nombrar interventores en los asuntos de competencia, todo ellos conforme a la Ley de Servicio Civil.
Recursos legales
Contra los actos y las resoluciones de la Contraloría General de Cuentas, proceden los recursos judiciales y administrativos que señala la ley.
Su fundamento constitucional está escrito en los artículos 232, 233, 234, 235 y 236. El artículo 233 y el artículo 234 fueron reformados como adicionado por el Artículo 27 y 28 de las Reformas Constitucionales, publicadas en Diario Oficial números 70, del 24 de noviembre de 1993, 77, del 3 diciembre de 1993; 80 del 8 de diciembre de 1993.
Además, se rige por su ley orgánica Decreto Número 31-2002.
IV.          Régimen Financiero
Está regido por la Ley Orgánica del Presupuesto, y consiste en lograr que durante el ejercicio fiscal los fondos sean los necesarios, sin complicaciones en el manejo de los mismos.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
 El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y los gastos por realizar.
La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos.
Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, para su conocimiento e integración al Presupuesto General; y además, estarán sujetos a los controles y fiscalización de los organismos correspondientes del Estado. La ley podrá establecer otros casos de dependencias del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia. El incumplimiento de la presente disposición es punible y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección funcionen las dependencias.
No podrán incluirse en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o entidades descentralizada o autónoma.
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y su ejecución analítica son documentos públicos, accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá que copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centro América y en las Bibliotecas de las Universidades del país. En igual forma deberán proceder los otros organismos del Estado y las entidades descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto propio. Incurrirá en responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o dificulte la consulta.
Los Organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están obligados a publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los mismos, debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas. Dicha publicación deberá hacerse en el Diario Oficial dentro de los seis meses siguientes a la finalización de cada ejercicio fiscal.
Ley Orgánica del Presupuesto
La Ley Orgánica del Presupuesto regulará:
a. La formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y las normas a las que conforme esta Constitución se somete su discusión y aprobación;
b. Los casos en que puedan transferirse fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma. Las transferencias de partidas deberán ser notificadas de inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría de Cuentas;
c. El uso de economías y la inversión de cualquier superávit e ingresos eventuales;
d. Las normas y regulaciones a que está sujeto todo lo relativo a la deuda pública interna y externa, su amortización y pago;
e. Las medidas de control y fiscalización a las entidades que tengan fondos privativos, en lo que respecta a la aprobación y ejecución de su presupuesto;
f. La forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las entidades descentralizadas.
Regulará específicamente los casos en los que algunos funcionarios, excepcionalmente y por ser necesario para el servicio público, percibirán gastos de representación.
Quedan prohibidas cualesquiera otras formas de remuneración y será personalmente responsable quien las autorice;
g. La forma de comprobar los gastos públicos.
h. Las formas de recaudación de los ingresos públicos.
Cuando se contrate obra o servicio que abarque dos o más años fiscales, deben provisionarse adecuadamente los fondos necesarios para su terminación en los presupuestos correspondientes
Principio de legalidad
Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes:
a. El hecho generador de la relación tributaria;
b. Las exenciones;
c. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria;
d. La base imponible y el tipo impositivo;
e. Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y
f. Las infracciones y sanciones tributarias.
Son nulas ipso jure las disposiciones, jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación.
Fuente de inversiones y gastos del Estado
Fuente de inversiones y gastos del Estado. Toda ley que implique inversiones y gastos del Estado, debe indicar la fuente de dónde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos.
Si la inversión o el gasto, no se encuentran incluidos e identificados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal respectivo, el Presupuesto no podrá ampliarse por el Congreso de la República sin la opinión favorable del Organismo Ejecutivo.
Si la opinión del Organismo Ejecutivo fuere desfavorable, el Congreso de la República sólo podrá aprobar la ampliación con el voto de por lo menos las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran.
Rendición de cuentas del Estado
El Organismo Ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República la rendición de cuentas del Estado.
El ministerio respectivo formulará la liquidación del presupuesto anual y la someterá a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los tres primeros meses de cada año. Recibida la liquidación la Contraloría General de Cuentas rendirá informe y emitirá dictamen en un plazo no mayor de dos meses, debiendo remitirlos al Congreso de la República, el que aprobará o improbará la liquidación.
En caso de improbación, el Congreso de la República deberá pedir los informes o explicaciones pertinentes y si fuere por causas punibles se certificará lo conducente al Ministerio Público.
Aprobada la liquidación del presupuesto, se publicará en el Diario Oficial una síntesis de los estados financieros del Estado.
Los organismos, entidades descentralizadas o autónomas del Estado, con presupuesto propio, presentarán al Congreso de la República en la misma forma y plazo, la liquidación correspondiente, para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado.
Fondo de garantía
Con el fin de financiar programas de desarrollo económico y social que realizan las organizaciones no lucrativas del sector privado,
reconocidas legalmente en el país, el Estado constituirá un fondo específico de garantía de sus propios recursos, de entidades descentralizadas o autónomas, de aportes privados o de origen internacional. Una ley regulará esta materia.
Principio de capacidad de pago
El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago.
Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación, cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado dos o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o período de imposición.
Los casos de doble o múltiple tributación al ser promulgada la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente, para no dañar al fisco.
Su regulación Constitucional se encuentra desde el artículo 237 al 242, siendo muchos de estos, reformados por las Reformas Constitucionales de 1993.
Además, este régimen posee su ley orgánica Decreto Número 101-97.
V.            Régimen Municipal
Regula todas las actuaciones de las municipalidades, que son las encargadas de mantener a flote su territorio, principalmente porque, son las municipalidades las que están más cercanas a la población, el medio más directo para hacer valer los derechos sociales que nuestra Carta Magna otorga.
Autonomía Municipal
Los municipios de la República de Guatemala, son instituciones autónomas.
Entre otras funciones les corresponde:
a. Elegir a sus propias autoridades;
b. Obtener y disponer de sus recursos; y
c. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios.
Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos.
Gobierno municipal
El gobierno municipal será ejercido por un Consejo, el cual se integra con el alcalde los síndicos y concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
Recursos económicos del municipio
 Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios.
La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de esta Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios.
Asignación para las municipalidades
El Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, un diez por ciento del mismo para las Municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma que la ley determine, y destinado por lo menos en un noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de vida de los habitantes. El diez por ciento restante podrán utilizarlo para financiar gastos de funcionamiento.
Queda prohibida toda asignación adicional dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las municipalidades, que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponda sobre impuestos específicos.
Derecho de antejuicio de los alcaldes
Los alcaldes no podrán ser detenidos ni enjuiciados, sin que preceda declaración de autoridad judicial competente de que ha lugar a formación de causa, salvo el caso de flagrante delito.
Juzgado de Asuntos Municipales
Para la ejecución de sus ordenanzas y el cumplimiento de sus disposiciones las municipalidades podrán crear, de conformidad con la ley, su Juzgado de Asuntos Municipales y su Cuerpo de Policía de acuerdo con sus recursos y necesidades, los que funcionarán bajo órdenes directas del alcalde.
Privilegios y garantías de los bienes municipales
Los bienes, rentas arbitrios y tasas son propiedad exclusiva del municipio y gozarán de las mismas garantías y privilegios de la propiedad de Estado.
Prohibiciones de eximir tasas o arbitrios municipales
Ningún organismo del Estado está facultado para eximir de tasas o arbitrios municipales a personas individuales o jurídicas, salvo las propias municipalidades y lo que al respecto establece esta Constitución.
Ley de Servicio Municipal
Las relaciones laborales de los funcionarios y empleados de las municipalidades, se normarán por la Ley de Servicio Municipal.
Su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 253 al 262 de Carta Magna, cabe destacar que el artículo 256 fue derogado por las Reformas Constitucionales de 1993.

Además, este régimen posee su ley orgánica Decreto Número 12-2002.

Vistas de página en total