LA PENA DE MUERTE EN
GUATEMALA, ¿SÍ O NO?
Hablar de abolir
la pena de muerte en un país tan retrógrada y decreciente como éste, es como
tratar de educar a un gato.
La pena de
muerte surge desde el inicio de la humanidad, los sumerios ya tenían este
método de castigo, le prosiguen en la edad media, los actos de civilizaciones
mayas y otras, continuando hasta nuestros días, la “edad contemporánea, edad
del raciocinio”; cuando un 6 de agosto de 1890 es ejecutado un hombre por una
descarga eléctrica inconcebible a la razón, sí, edad del entendimiento.
A partir de
estos actos, se hizo más popular el hecho de acortarle la existencia a los
delincuentes en teoría más peligrosos, cada padre Estado jugó a ser Dios en sus
distintos continentes, realizando muertes de humanos tan inhumanas, como cortar
a una persona desde los genitales hasta la cabeza, sí, eso no debe ser tan
doloroso. Además, existían la crucifixión, la lapidación (aún vigente), el
fusilamiento, los mil cortes, en fin, el Estado podía matar de la manera más
sangrienta y desinteresada posible.
Sigamos
recorriendo el mundo, en Japón, por mencionar algunos, se ejecutaba a una
persona en secreto, nadie tenía derecho a saber la hora ni día de su final; en
ocasiones, eso nunca ocurría, un hombre de nombre Sadamichi Hirasawa, esperó su
muerte durante 32 años, cosa que nunca pasó, se limitó a morir por causas
naturales; y así algunos pasaban incluso 7 años en el corredor de la muerte
generando suficiente angustia para no vivir tranquilo. Corea del Norte ha
tocado extremos con esta medida, ejecutando a un ser humano únicamente por
realizar una llamada telefónica al extranjero. Pero debemos admitir que nadie
es mejor que la República Popular de China para realizar ejecuciones, privando
de vida a más del 50% del total de asesinados por el personaje Estado en todo
el mundo.
Regresando a
Guatemala, la última ejecución realizada fue a dos reos acusados y condenados
por el delito de secuestro el 29 de junio del 2000, cuando a través de
inyección letal, Luis Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, perdieron la vida por
asesinar a Isabel Bonifasi de Botrán. Posterior a ello, el entonces presidente
Alfonso Portillo decidió excusarse de utilizar el instrumento del indulto, sin
embargo, en 2008 el Congreso de la República aprobó una norma que regulaba el
derecho de gracia, misma que fue vetada por el presidente actual, el señor
Álvaro Colom, de este modo, la pena de muerte se encuentra en un suspenso.
Más que un
suspenso, una especie de guerra fría entre quienes piden una reactivación y
quienes desean su abolición. Ya que, los jueces no están sujetos a no condenar
a alguna persona por los delitos existentes (parricidio, asesinato, tortura,
desaparición forzada y magnicidio (aunque existe un enorme debate sobre qué
delitos sí merecen pena de muerte según el Derecho Positivo Vigente)), no
existe legislación que les anule tal derecho, es más bien una fuerza interna
contraria que reprime sus actos simulando o esperando desaprobaciones populares
o gremiales. Es cierto también que los Tratados Internacionales en materia de
Derechos Humanos restringen su actuar, pero no les prohíben expresa y
completamente su derecho a ejecutar tal castigo.
En 2012, 53 reos
fueron revocados de pena de muerte por la Cámara Penal de la Corte Suprema de
Justicia, qué oportunos.
Actualmente, el
partido oficialista, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), a través de su
jefe de bancada, Javier Hernández y en alianza con las exdiputadas Zury Ríos y
Lucrecia Marroquín exigen a gritos políticos la reactivación de la pena de
muerte, ¿qué más se puede esperar de la hija de un ‘carnicero’?, ellos,
preparan una Iniciativa de Ley que pondría a funcionar semejante castigo y
normar dentro de ella el indulto presidencial, también.
Por otra parte,
nos encontramos con Ovidio Monzón y Ronald Arango, del partido político TODOS,
quienes en acompañamiento con la Corte Interamericana de Derechos Humamos
(CIDH) y otros organismos nacionales e internacionales velan por la abolición
(que es lo más sensato y lógico en una sociedad democrática) quienes también
preparan una Iniciativa de Ley con suficiente reflexión y atendiendo al Estado
de Derecho y al avance ideológico de las minorías que se empeñan en buscar un
modo de solución de conflictos que no incurra sangre.
Durante una
investigación del periódico nacional, Prensa Libre, se les cuestionaba a
algunos legisladores -124 para ser exactos- sobre este tema, los resultados
fueron los siguientes: quienes estaban de acuerdo, fueron 70; en desacuerdo,
46; y los que debían ‘analizar’ 8. Posterior se les preguntaba si deseaban
reactivarla, respondieron así: 73 la necesitan; 41 la rechazan; 10 no querían
conflictos de opiniones.
“Jesús no estuvo
de acuerdo con la pena de muerte, para quienes siguen invocando el viejo
testamento”, expuso Sandra Morán, del partido político, Convergencia.
“No es correcto
que después de haber sufrido un proceso en primera y segunda instancia, y se
tenga una sentencia firme y ejecutoria, el presidente pueda dar un indulto. Hay
que analizar el procedimiento, porque se está tergiversando”, César Fajardo del
partido UNE.
“Retomar la pena
de muerte es una manera fácil de decir que el Estado fracasó en el combate de
la inseguridad”, Mario Guzmán, partido UNE.
Y las opiniones
siguen, quise destacar éstas, porque, ¿necesitamos la pena de muerte? La
respuesta está en el nivel educativo de cada uno, si usted estudia poco,
anhelará la violencia, si usted es una persona con pleno desarrollo intelectual
progresivo, velará por respetar a los demás tal y como usted es respetado sin menoscabo
de su poca integridad física, síquica y emocional.
El
decreto número 100-96 regula el Procedimiento Para La Ejecución De La Pena De
Muerte, creo que, todo esto es en vano, no podemos permitir un regreso en el
tiempo y querer actuar de manera primitiva y hostil, este decreto se une a la
legislación que estorba el actuar político administrativo del padre Estado.
Las
señoras Ríos y Marroquín en realidad demuestran no preocuparse por el bienestar
social de los más desprotegidos, al igual que la mayoría de la lacra política
buscan dejar su nombre como héroes del país acudiendo a proselitismo barato y
nefasto, sin pensar claro, que la delincuencia es sinónimo de pobreza y que los
afectados serían los pobres, aquellos que no poseen un mínimo de razonamiento,
que no conocen un libro, que no conocen ni su propia existencia; y, como en
toda guerra coetánea y común, los pobres, ponen los muertos.
No
es apetecible concebir un Estado listo para castigar y rebajarse al nivel del
delincuente respondiendo con violencia cuando se le demande, esa no es la
respuesta, no podemos crear un Estado castigador que oprima las libertades de
las personas. Además, la pena de muerte en ninguna circunstancia disminuye los
hechos delictivos en un país, y aplicar este castigo no es más que un
pensamiento primitivo y retrógrada sin fundamento en ley y creyendo que somos
dioses para quitar la vida (por tocar una parte del conglomerado de cristianos
de doble moral en el país), simplemente no imagino una nación con pena de
muerte, rozando el estado fallido, despreciando el entendimiento que hemos
recibido y dejando atrás nuestros ideales de defender la vida humana, que tanto
ha sido proclamada como la mayor libertad del hombre.
Si
los gobernantes quieren violencia, que instauremos una dictadura entonces, así
morimos muchos y no pocos, sería un excelente reseteo, yo lo apoyo.
Estamos
obviando el detalle de que, el problema no son los adultos violentos, el
problema son los niños sin educación, no tratemos de corregir un problema que
su raíz está muy lejos de aplicar una pena semejante, no me es viable concebir
un acto tan cruel e inhumano en una sociedad que se cree civilizada.
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